Estudio de Abogados Anzoategui & Asociados

Consultoria en Inversiones Nacionales y Extranjeras

a) Análisis sobre las condiciones socioeconómicas; macroeconómicas y de balanza de pagos del país, con incidencia directa o indirecta en la acción de la administración de gobierno en curso, relacionada con el marco del proyecto de inversión que pretende someterse a aprobación del PEN.

b) Alcance, incidencia y oportunidad para la presentación y ulterior ejecución de la inversión proyectada.

c) Efectos económicos y financieros de los incentivos fiscales aduaneros y cambiarios aplicables, conforme la nueva legislación.

d) Condiciones para la presentación del proyecto de inversión, sujeto a aprobación. Marco legal adecuado, (VPU), conforme el contenido y alcance del Régimen de incentivos para grandes inversiones, (RIGI).


República Argentina - Inversiones Extranjeras - Breves antecedentes históricos - Nueva perspectiva

Entre 1.880 y 1.945, está claramente establecido que la República Argentina sostuvo su política económica sustentada en un modelo agropecuario exportador. Aunque algunos matices, diferenciados de este esquema, se introdujeron con el arribo a la Presidencia de la República por parte de Hipólito Yrigoyen, (1916/1922), la matriz productiva del país se mantuvo apegada a la producción de cereales, carnes y productos de bajo valor agregado.

La producción argentina era esencialmente comercializada con Inglaterra. En tal sentido, el punto de consolidación más destacado lo fue la firma del tratado denominado Roca - Runciman, suscripto entre la República Argentina y el Reino Unido el 1º de mayo de 1.933. Este tratado, aseguraba la venta de las carnes argentinas a Inglaterra, siempre que el precio fuera inferior al de los demás productores. A cambio, de la colocación de la producción argentina a precios por demás bajos, se le otorgaron a Inglaterra concesiones no menos que deshonrosas, como la de no poder instalar en nuestro propio país frigoríficos argentinos. También se le otorgó el monopolio del transporte público a una corporación inglesa.

Cabe agregar, que los estrechos vínculos con Inglaterra, hicieron posible la instauración de verdaderos feudos de explotación como los del quebracho en el norte argentino y el de los establecimientos para la producción de ganado ovino en la Patagonia.
Esta relación entre el estado Argentino y el Británico era de orden colonial, por ende la inversión realizada en el país gozaba de todas las prerrogativas que las empresas extranjeras impusieran.

En 1.946, durante la presidencia de Juan D. Perón, se revierte esta relación con el extranjero, dado que el modelo económico propuesto está fundado en la industrialización del país, a fin de sustituir importaciones y generar empleo de mayor valor agregado. Ello conllevó a la decisión estratégica de saldar la deuda externa que la argentina aún mantenía y nacionalizar los transportes, la energía y el comercio exterior.

La inversión extranjera ha tenido una mirada estratégica muy diversa, para fijar políticas de desarrollo de la Nación Argentina, la que ha sido no menos que controversial a desandar nuestra historia.

Tomaré como punto de partida, para plantear sucintamente el tema, la ley 14.222 del año 1.953, dado que este es el primer plexo normativo que contiene orgánicamente algunos de los elementos esenciales que definen y regulan el tema: a) la orientación estratégica de la inversión extranjera hacia objetivos determinados para el desarrollo y b) la sustentabilidad de la inversión en la economía local.

El entonces Presidente de la Nación Juan D. Perón, ya en su segundo mandato, pone su mirada en el capital extranjero dado que la política de sustitución de importaciones desarrollada en su primer mandato ha alcanzado una primera etapa entendida como industrialización ligera, pero sin llegar al emplazamiento de la industria pesada ni el desarrollo energético, (petróleo y energía eléctrica), para sostener el crecimiento industrial planteado en su plan quinquenal. De allí que el paradigma sostenido en su primer mandato, el de mantener el crecimiento económico sobre la base de la producción nacional sin injerencia de las corporaciones extranjeras, es abandonado para acudir a las concesiones petroleras, entre otras, como vector para el desarrollo energético.

Esta ley contempla extremos que definen límites, al menos apreciables, para el inversor.

Su art. 3, inc. a) reza: Que la actividad a la que se destine la inversión contribuya a la realización del desarrollo económico previsto en los planes del gobierno, traduciéndose directa o indirectamente en la obtención de economía de divisas.

El art. 4 dice: Los capitales extranjeros que ingresen de acuerdo con la presente ley quedarán ajustados a la legislación argentina y equiparados a los capitales nacionales.

El art. 6 establece: A partir de los dos años de la fecha en que la inversión extranjera haya sido inscripta en el registro mencionado en el artículo 5°, el inversor tendrá derecho a transferir al país de origen utilidades líquidas y realizadas provenientes de la misma inversión hasta el 8% sobre el capital registrado que permanezca en el país, en cada ejercicio posterior anual.

El art. 10 fija : A partir de los diez años de la fecha de la inscripción del capital extranjero originario en el registro indicado en el artículo 5°, el inversor tendrá derecho a retirarlo del país en cuotas del 10 al 20% anual, según se establezca en cada caso, al autorizar la inversión. La repatriación del capital sólo podrá ser efectuada con fondos propios del inversor. Las utilidades capitalizadas ganarán la antigüedad del capital originario.

Como puede apreciarse, el articulado trascripto establece, en primer lugar, una pauta política y estratégica adecuada a las políticas de estado fijadas por el poder ejecutivo. En segundo término, establece una tasa progresiva tanto para la remisión de utilidades como para la repatriación del capital correspondiente a la inversión efectuada, con el afán de generar estabilidad en la actividad alcanzada por la inversión.

Con el derrocamiento del presidente Perón, en septiembre de 1.955, se produce un giro copernicano en la esencia de la política económica a desplegarse. La autodenominada revolución libertadora, retoma las políticas agroexportadoras, desprendiéndose de las políticas de desarrollo industrial ejecutadas por el gobierno precedente. Por ende, deroga la ley bajo análisis en 1.957. Al mismo tiempo que reimplanta la Constitución de 1.953, deponiendo la de 1.949. A la vez, adhiere a los acuerdos de Bretton Woods, integrando a la República Argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Estos acontecimientos, tienen una serie de consecuencias muy concretas: la devaluación del peso; la reducción del salario; el encarecimiento de los insumos extranjeros y la transferencia de recursos al agro en detrimento de la industria. Este gobierno militar reinicia el endeudamiento externo del país, en contrario de la cancelación de dichas obligaciones efectuadas por el gobierno del Presidente Juan D. Perón.

Con la normalización institucional de 1.958, el Dr. Arturo Frondizi, nuevo presidente de la República, aplica un agresivo plan de desarrollo industrial e infraestructural, retomando el sesgo productivo en las áreas de desarrollo energético apuntando al autoabastecimiento petrolero, la instauración de acerías, el desarrollo de la industria petroquímica y la modernización de la red de transportes, entre otras políticas. Para ello, acude a la inversión extranjera, pero efectuando concesiones que superan el marco normativo de la ley 14.222. El gobierno de Frondizi impulso la sanción de las leyes 14.780 de radicación de capitales extranjeros y 14.781 de promoción industrial, mediante las cuales otorgaban las máximas garantías jurídicas al capital foráneo.

Mediante estas leyes se aseguraba a los inversores extranjeros libertad para remitir utilidades y repatriar el capital, otorgándole trato preferencial en materia de derechos aduaneros, créditos, impuestos y suministro de energía.

La Ley 14.780 se extendía a todas las actividades productivas, (no sólo a la industria y la minería), y pretendía acelerar el proceso de desarrollo económico, habida cuenta de la limitada capacidad de ahorro interno.

Estas leyes propiciaron la atención del Gobierno de EEUU, quien instó a empresas de aquel país a invertir en la República Argentina, hecho que motivó un flujo de capital que elevó la tasa anual de inversión directa a más de 10 veces el monto alcanzado en los gobiernos anteriores. Computado el período comprendido entre 1.958 y 1.963. Se destacó el área de explotación petrolera, (YPF), como así también el de desarrollo de la generación y distribución de energía eléctrica a cargo de la compañía, (CADE).

Cabe señalar que la normativa del período correspondiente al gobierno del Dr. Frondizi, fija un marco normativo laxo y por demás favorable al inversor extranjero, carente de restricciones que contemplen la continuidad de la inversión en el mediano y largo plazo.

El presidente Frondizi afronta una crisis en la balanza comercial del País que le hace perder reservas en divisas, generando desempleo y recesión. Adicionalmente, se obstaculiza la refinanciación de nuevos créditos para continuar con el proceso de desarrollo. Claro está, que esta crítica situación escaló irremediablemente ya que los capitales extranjeros se contrajeron y fugaron facilitados por la normativa bajo análisis.
Depuesto el presidente Frondizi, por un golpe militar, su sucesor el Dr. Guido, devalúa el peso, cayendo en consecuencia los salarios. Los escasos recursos del estado se direccionan nuevamente al agro, en detrimento del modelo de desarrollo industrial fijado en 1.958.

En 1963, retorna la institucionalidad, siendo ungido presidente de la Nación el Dr. Arturo Illia. En la materia bajo análisis, a fines de 1963, el Dr. Illia firmó los Decretos 744/63 y 745/63, que anulaban los contratos petroleros suscriptos por el Dr. Frondizi en su gobierno, por hallar en ellos vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación. Esta anulación, obligó al Estado a pagar a las empresas fuertes indemnizaciones y provoco un estancamiento de la producción del combustible, a la vez que genero desconfianza en potenciales inversores extranjeros deteriorando la posición internacional del gobierno.

En 1.966, el Dr. Arturo Illia es depuesto por otro golpe militar del que resulta presidente de facto Juan Carlos Onganía. Este período se caracteriza por una política económica signada por el ajuste del sector público y la compresión del salario, (suspensión de los convenios colectivos de trabajo), políticas que tuvieron un alto costo social por otra parte. Aquí el grado de inversión extranjera directa fue muy escaso, pero altamente especulativo, ya que el capital extranjero se centró: a) en la inversión financiera de corto plazo y b) en la compra de acciones de empresas cuya rentabilidad estaba asegurada, sin generar más que costos a la economía argentina, dado que tomaban ganancias y las remitían al exterior sin restricción alguna.

El gobierno de facto de Juan C. Onganía fue depuesto por un golpe militar interno que llevó a la primera magistratura a Roberto Marcelo Levingston, (1970 - 1971), quien a su vez fue depuesto, mediante otra interna militar por el General Alejandro Agustín Lanusse, (1971 - 1973). En 1971 la legislación sancionada en el mandato del Dr. Frondizi fue sustituida por la Ley 19.151, que establecía un sistema de evaluación previa y registro de las inversiones extranjeras. El nuevo marco legal estaba a cargo de la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, organismo que creó el Registro de Inversiones Extranjeras. Las solicitudes que contaban con dictamen positivo debían ser aprobadas por el Poder Ejecutivo, a través de un decreto. Mediante esta aprobación, también se fijaban las condiciones de remesas de utilidades y repatriación del capital. Claramente el texto daba lugar para negociar inversiones a la medida del inversor dada la discrecionalidad con que contaba el P.E.N. para establecer las condiciones y plazos para remesar utilidades y repatriar capital. Además, la autoridad de aplicación de la ley debía dar preferencia a las inversiones que propusieran una asociación con capitales nacionales. También se creaba un registro de las inversiones preexistentes.

La normativa señalada tenía como novedad la búsqueda de inversiones extranjeras que se asociaran con las empresas públicas nacionales. Este período se hallaba signado por una gran asfixia social, sindical y política. Y con un agravamiento de la violencia, que desembocó en la normalización democrática que concluyó con la elección del Dr. Cámpora como presidente de la República en 1.973, quien renunció a fin de dar paso a una nueva elección en la que prevalece Juan D. Perón, asumiendo su tercer período presidencial el 12 de octubre de 1.973.

Una enorme conmoción política, social y económica agobiaba al país. El gobierno propone un pacto social en el que sindicatos y empresarios son convocados a fin de dar paso a la normalización gradual de la Nación. En este delicado contexto, donde la fuga de divisas desangraba la economía, se sanciona la ley 20.557, la cual introdujo importantes innovaciones. En principio, establecía que las inversiones debían instrumentarse mediante contratos de radicación, que quedaban sujetos a aprobación, según los casos, del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Asimismo, la repatriación del capital no podía efectuarse antes de transcurridos cinco años desde la aprobación del contrato de radicación, ni podía realizarse por montos superiores al 20% anual, fijándose también porcentajes máximos para la remisión de utilidades.

Aquí se puede distinguir un nuevo avance que mejora los cuerpos normativos precedentes. Dependiendo del área a la que esté destinada la inversión, deberá ser aprobada por el parlamento. Hecho que permitirá la discusión bicameral sobre los alcances del contrato de radicación, ya que ellos constituyen una verdadera política de estado. Respecto de la repatriación del capital, retoma la gradualidad que asegura que la inversión se proyecte de modo estable sobre la economía.

El 24 de marzo de 1.976, el gobierno constitucional, en ese momento a cargo de Isabel Martínez de Perón, es depuesto por el golpe militar que designa presidente a Jorge Rafael Videla. Este período desata la desintegración del Estado, el fraudulento endeudamiento público, la desocupación y la especulación financiera, en el plano económico. En el plano político: la represión ilegal, la violación sistemática de los derechos humanos y la supresión de los derechos políticos y sindicales. En este marco, la legislación vigente en torno a la inversión extranjera era un obstáculo para los fines económico financieros fijados por la dictadura, por lo cual el 13 de agosto de 1976 se sancionó la ley 21.382, la que establecía un nuevo régimen para las inversiones extranjeras. Como principio general otorga igualdad de derechos al inversor extranjero respecto del inversor local. Este concepto aniquila el instrumento de desarrollo de política económica de la promoción industrial que incentivaba al capital local hacia determinadas actividades estratégicas. Además, esta pretendida igualdad de tratamiento, despeja el camino para que el inversor extranjero acceda al crédito local, desnaturalizando de plano el concepto de inversión extranjera genuina.

La ley remite a varias categorías de inversión según la materia, implicando una distinción en la autoridad que debía autorizarlas. Las correspondientes a la primera categoría debían contar con la aprobación del P.E.N. y en ella se encuadraban las inversiones destinadas a las siguientes áreas: defensa y seguridad nacional; prestación de servicios públicos, electricidad, gas y telecomunicaciones; radioemisoras, estaciones de televisión, diarios, revistas y editoriales; energía; educación; entidades financieras y de seguros. Posteriormente fue suprimida de esta calificación el sector transportes (incluido originalmente dentro de servicios públicos) y la actividad bancaria (incluida en el rubro de entidades financieras). También debían solicitar autorización al P.E.N. aquellas inversiones que implicaran la "desnacionalización" de una empresa existente, siempre que el patrimonio neto de la misma superara los diez millones de dólares. El texto legal alude a una segunda categoría de inversiones cuyo registro es automático y concierne a la reinversión total o parcial de utilidades, inversiones adicionales a las que hayan sido aprobadas previamente, hasta el 30 % del capital extranjero registrado y aportes de capital hasta 5 millones de dólares. La tercera categoría remitía a las inversiones no contempladas en las 2 categorías anteriores, requiriendo para su aprobación la autorización de la autoridad de aplicación, (Ministerio de Economía). Respecto al acceso al crédito local por parte del inversor extranjero se distinguía entre créditos de corto y largo plazo. Los de corto plazo eran de libre acceso, en tanto que los de largo plazo requerían autorización del P.E.N. Cabe añadir que esta distinción fue suprimida en 1.980, de modo tal que los inversores extranjeros tomaran crédito local sin restricciones.

La remisión de utilidades contemplaba 2 escenarios. Si se hallaba vigente el libre cambio de divisas por moneda local, no habría restricciones a la remisión de utilidades. Si la autoridad monetaria hubiera fijado control cambiario, el estado entregaría al inversor extranjero títulos públicos de deuda, emitidos en moneda extranjera, que cubrieran la suma a transferir, con más la tasa de interés vigente en el mercado internacional. Bien entendido, siempre los inversores extranjeros podían remitir utilidades y sólo eran alcanzados por la tasa fijada como tributo a las remesas, aquellas que superaran el 12 % anual del capital registrado. En cuanto a la repatriación del capital se fijó en plazo de 3 años de indisponibilidad para la remisión del mismo, el que cumplido podría repatriarse en cuotas o de una sola vez.

Otro punto saliente es la definición de los alcances jurídicos entre la casa matriz del inversor extranjero, su filian en el país u otra controlada. Se estipulaba que los actos jurídicos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle u otra filial de ésta última serían considerados, a todos los efectos, como celebrados entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajustaran a las prácticas normales del mercado entre partes independientes. El plexo normativo analizado mantuvo plena vigencia hasta la promulgación de la Ley 22.208, (sancionada el 11 de abril de 1.980, texto ordenado por el Decreto 1062/80), el que introdujo modificaciones tendientes a profundizar la apertura de la economía, pero sin variar la esencia de la norma analizada.

Como se aprecia esta ley facilita el ingreso de capitales, sobre la premisa inicial de igualdad jurídica entre el inversor foráneo y el local. Intenta un maquillaje que parece retener el control estratégico de determinadas áreas de incumbencia, pero claramente esgrime una línea paralela con el fraudulento endeudamiento externo del país. Libera a las fuerzas financieras para que realicen todo tipo de enjuagues contables que nada tienen en común con la doctrina de la inversión extranjera, la que se enmarca en la producción y el desarrollo estratégicos de largo plazo.

Es así como las entidades financieras y/o conglomerados de empresas de capital extranjero vinculadas, acudían al mercado local de capitales para obtener financiamiento. Luego remitían libremente sus utilidades, las que en todos los casos provenían del sector financiero y repatriaban parte de su capital, sin hacer frente a las obligaciones con el acreedor local, que en definitiva era el Estado Nacional, tomador de fondos en el exterior y prestamista del inversor extranjero en el país. Estas operaciones se ponían al resguardo tras el corto plazo fijado por la ley para la repatriación del capital, 3 años, para remitir total o parcialmente la inversión y la doctrina que libera de toda responsabilidad a la casa matriz por los actos de la filial en el país, dado que, al considerarlos personas jurídicas independientes, genera una causal de exoneración de responsabilidad sobre la casa matriz.

Con la reinstauración de la democracia y la elección del Dr. Raúl Alfonsín como presidente de la República en 1.983, se trató inicialmente de restringir el esquema jurídico vigente, pero con muy limitados alcances. En 1.984 se dictó un decreto mediante el cual se suspendía la remisión de utilidades y repatriación del capital al exterior. En 1.987, por resolución del Ministerio de Economía de deja sin efecto la suspensión dispuesta por el decreto mencionado. El gobierno del Dr. Alfonsín, en el devenir de las distintas posiciones adoptadas respecto de la deuda externa pareció no echar luz sobre el desmantelamiento del esquema vigente en esta materia.

Concluido anticipadamente el mandato constitucional del Dr. Alfonsín, prevalece en las elecciones de 1.989, el Dr. Carlos Menem, quien retoma la política económica instaurada en 1.976 y por ende reafirma los conceptos jurídicos de la ley de la dictadura, despojándola de lo poco que le quedaba como marco regulatorio de la materia, alcanzado así la legislación vigente.

La ley 21.382 -Texto ordenado de la ley de inversiones extranjeras- aprobado como anexo I del decreto N 1853/1993. (B.O. 8/9/93) en su art. 1 reza: Los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país en cualquiera de las formas establecidas en el art. 3 destinados a la promoción de actividades de índole económica o a la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales, sujetos a las disposiciones de la presente ley y de las que se contemplen en regímenes especiales o de promoción. Su art. 2 - A los fines de esta ley se entiende por: ... 2. Inversor extranjero: Toda persona física o jurídica domiciliada fuera del territorio nacional, titular de una inversión de capital extranjero y las empresas locales de capital extranjero cuando participen como inversores en otras empresas locales. 3. Empresa local de capital extranjero: Toda empresa domiciliada en el territorio de la República, en la cual las persona físicas y jurídicas domiciliadas fuera de él, sean propietarias directa o indirectamente de más del 49 % del capital o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. 4. Empresa local de capital nacional: Toda empresa domiciliada en el territorio de la República, en la cual las personas físicas o jurídicas también domiciliadas en él sea propietarias directa o indirectamente de no menos del 51 % del capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. art. 3 - La inversión extranjera podrá efectuarse en: 1. Moneda extranjera de libre convertibilidad. 2. Bienes de capital, sus repuestos y accesorios. 3. Utilidades o capital en moneda nacional perteneciente a Inversores extranjeros, siempre que se encuentren legalmente en condiciones de ser transferidos al exterior. 4. Capitalización de créditos externos en moneda extranjera. 5, Bienes inmateriales, de acuerdo con la legislación específica. 6. Otras formas de aporte que se contemplen en regímenes de especiales o de promoción. art. 5 - Los inversores extranjeros podrán transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión. art. 6. - Los inversores extranjeros podrán utilizar cualquiera de las formas jurídicas de organización previstas por la legislación nacional. art. 7. - Las empresas locales de capital extranjero podrán hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional. art. 9. - Los actos jurídicos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle u otra filial de ésta última serán considerados a todos los efectos como celebrados entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes.

Como se aprecia el cuerpo normativo vigente contempla todas y cada una de las características conceptuales de la ley de la dictadura. Es más, esta norma lleva al límite la carencia de objetivos estratégicos y controles sobre el ingreso de capitales, los que, escondidos bajo el rótulo de inversión extranjera, son únicamente inversión especulativa libre de impuestos. En honor a la brevedad no reiteraré los conceptos vertidos al analizar la norma sancionada en 1.976, dada la identidad con la presente, que sólo contó con la legitimación del Congreso.

Además de la consideración efectuada en el párrafo precedente, cabe introducir el verdadero rector de esta nueva estrategia de inversiones extranjeras, fijadas por los Tratados Bilaterales de Inversión, (TBIs), que la República Argentina ha suscripto en la década de los 90, los que a la fecha tienen vigencia con 50 estados.

Estos tratados, de primera generación, no han contemplado los riesgos intrínsecos de la economía argentina, siendo lesivos en sus consecuencias, tanto para el país como para el inversor. La República Argentina debió enfrentar ante el CIADI, Órgano de competencia jurisdiccional fijado para el caso de controversias entre el inversor y el estado argentino, innumerable cantidad de reclamos que si bien, en su mayoría acogieron las demandas de los inversores, resultando en deuda pública para el país, tal situación derivó en la desinversión de estos agentes privados, el desempleo, y el endeudamiento como síntomas generales de la crisis suscitada.

Queda claro que los procesos de crisis dejan enseñanzas que deben permitir generar instrumentos que eviten padecer los mismos efectos nocivos en la sociedad.

Otras naciones, han suscripto nuevos tratados bilaterales de inversión, denominados de segunda y tercera generación, los que introducen instrumentos para evitar crisis en la balanza de pagos como una relación estable entre el inversor y el estado, a punto de generar un marco que evite conflictos tan frontales que deriven en una irremediable litigiosidad, perjudicial para ambas partes.

Hoy, nos encontramos frente a viejos desafíos que la joven República Argentina no ha superado aún, de modo firme y definitivo, como lo muestra este breve relato de los remedios legislativos a que se acudió, recurrentemente, en la historia, para convocar a la inversión como forma de desarrollo del país.

El remedio elegido, en esta ocasión, parece ser el mismo, pero el paciente no tiene exactamente el mismo diagnóstico.

La República Argentina, está instrumentando un nuevo plexo normativo que convoca la inversión tanto local como extranjera, (RIGI), con estímulos tributarios, arancelarios y cambiarios de largo plazo, a fin de otorgar estabilidad y previsibilidad al programa de inversión. El proyecto, determina áreas de desarrollo específicas, entendiendo que son las mas promisorias y atractivas para la inversión, pero además las que cuentan que mayor proyección internacional. (a. Agroindustria; b. Infraestructura; c. Forestal; d. Minería; e. Gas y Petróleo; f. Energía; g. Tecnología).

Estamos frente a un contexto local, ávido de desarrollo y con un escenario de precios y costos por demás bajos. Además, el contexto internacional se ve afectado por un ajuste de precios y salarios, en moneda dura, que interpela como poco viables o de margen incierto, muchos proyectos de inversión, sumado a la variable incertidumbre que seguramente seguirá afectando estos costos; precios y salarios, duramente, en las regiones con menor flexibilidad macro y microeconómicas, en razón de los conflictos internacionales que están desestabilizado las bases normales del desarrollo y comercio internacionales.

Argentina hoy es una oportunidad de inversión, tanto porque su contexto local como internacional la encajan en condiciones políticas y económicas de futuro inmejorables.

Dr. Rubén Gustavo Levy.

Asesoría online